¿Qué es una auditoría forense? ¿Para qué sirve?

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Actualmente los negocios están vulnerables a ser víctimas de fraudes por parte de terceros.

A nivel mundial, de acuerdo con el Informe de la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), el promedio de las pérdidas generadas por fraude en las compañías representa el 5% de sus ingresos anuales.

En promedio, los fraudes se descubren 18 meses después de que hayan sucedido, solo el 10% son detectados y únicamente el 1% se investiga.

Por esta razón es que recibir asesoría o auditoría por parte de un profesional, resulta importante para la protección de las empresas.

Este es el rol que juega la auditoría forense, el cual se encarga de efectuar investigaciones financieras y contables, con el objeto de obtener evidencia de fraudes o errores que golpeen a una empresa.

Además, permite apoyar a la gerencia en la toma de decisiones debido a que se genera un ambiente de mayor control tanto financiero como legal.

En síntesis, la auditoría forense es el uso de técnicas de investigación criminalística integrados con la contabilidad, conocimientos jurídicos, financieros y habilidades de negocio para manifestar información como pruebas que pueden ser utilizadas en el ámbito civil o penal.

La auditoría forense también se puede aplicar al sector público debido a que como se enfoca detección del fraude financiero, también se enfoca ante eventuales prácticas de corrupción.

Generalmente los resultados del trabajo del auditor forense son presentados ante las autoridades que se encargan de analizar, juzgar y sentenciar los delitos cometidos. En casos en los que se haya iniciado un proceso legal, este tipo de trabajos sirve como evidencia a favor de la empresa y para cuantificar las pérdidas provocadas por los actos ilegítimos.

El escenario ideal de la auditoría forense es evitar que se produzcan los fraudes.

Las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) definen el concepto de fraude como “un acto intencional por uno o más individuos dentro de la administración, empleados, o terceras partes, el cual da como resultado una representación errónea de los estados financieros”.

La Norma NIA 240 indica que es necesario evaluar:

• Transacciones inusuales, especialmente cerca de fin de año, tienen efecto importante sobre utilidades.

• Tratamientos o transacciones son complejos.

• Transacciones con partes relacionadas.

• Pagos de servicios como abogados, consultores.

• Registro inadecuado archivos incompletos, excesivos ajustes a libros y cuentas.

• Documentación inadecuada de las transacciones, falta de autorizaciones, documento soportes no disponibles y alteración de documentos.

• Diferencias entre registros de contabilidad y confirmaciones de terceras partes.

• Evidencia conflictiva de auditoría y cambios inexplicables en los porcentajes de operación.

• Comportamiento de un funcionario fuera de normas usuales (horarios, forma de vestir, vivienda, vehículos).

Si bien es cierto que el concepto de fraude es muy amplio bajo los términos legales, para NIA al auditor le debe interesar el fraude que se da por errores intencionales que son resultado de información financiera alterada y para malversación de activos.

Las etapas de una auditoría forense son: el análisis, la cuantificación de pérdidas, investigación, recolección de evidencia, mediación, arbitramento y testimonio.

Es indispensable que el auditor conozca las características del fraude para que se pueda detectar a tiempo, como por ejemplo diferenciar un error convencional de una acción intencional.

También cuando se ejecutaron acciones por parte de una o más personas de la administración, los encargados del gobierno, empleados o terceros, a través del engaño para tener un beneficio ilegal.

La información financiera se puede manipular por: adulteración, falsificación, alteración de registros contables, omisiones intencionales de información relevante y con la desviación de los principios de contabilidad.

Los tomadores de decisiones deben estar al tanto de todos los movimientos contables que se llevan a cabo dentro de sus compañías o instituciones para asegurar el cumplimiento de los controles internos y procedimientos y evitar las actividades ilícitas.